Gobierno aprueba Código de Ética para la inteligencia artificial en servicios públicos
El Gobierno dominicano adopta reglas obligatorias para el uso de inteligencia artificial en el Estado, con prohibiciones y derechos para los ciudadanos.
En pocas palabras
- Decreto 787-26 aprueba el Código de Ética de la Inteligencia Artificial para los Servicios Públicos.
- Las instituciones públicas centralizadas y descentralizadas deberán cumplirlo de forma obligatoria.
- Se prohíben la clasificación social generalizada y la identificación biométrica masiva sin orden judicial.
- Las instituciones tendrán 180 días calendario para adecuar sus procesos.
El Gobierno dominicano aprobó el Código de Ética de la Inteligencia Artificial para los Servicios Públicos mediante el Decreto 787-26. La norma es de cumplimiento obligatorio para las instituciones de la administración pública centralizada y descentralizada, y busca un uso responsable, seguro y transparente de estas tecnologías en el Estado.
Según la Presidencia, el código fue elaborado mediante un proceso participativo y multisectorial liderado por la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC) y la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), con el acompañamiento técnico de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP). La Presidencia indica que sus criterios se alinean con estándares de la UNESCO y la OCDE.
Entre las medidas principales, los sistemas de inteligencia artificial que puedan afectar el acceso a derechos, beneficios sociales o sanciones administrativas deberán pasar una Evaluación de Impacto Ético y de Derechos y contar con la aprobación del órgano de supervisión antes de entrar en funcionamiento. Los ciudadanos podrán saber cuándo una decisión fue respaldada por inteligencia artificial y solicitar explicaciones comprensibles y revisión humana.
La norma también prohíbe usos considerados abusivos, como la clasificación social generalizada, la identificación biométrica masiva en espacios públicos sin orden judicial, el perfilamiento criminal predictivo basado en prejuicios territoriales o socioeconómicos, la automatización de sentencias penales y las armas autónomas. Además, establece controles reforzados para los sistemas dirigidos a niños, niñas y adolescentes.
En materia de contratación, los proveedores tecnológicos del Estado deberán garantizar trazabilidad, ciberseguridad y protección de los datos de los dominicanos, y permitir auditorías por parte del Estado.
El decreto crea el Consejo Nacional de Ética de la Inteligencia Artificial, un órgano consultivo y de coordinación con representantes de instituciones estatales, la academia y la sociedad civil. Las instituciones públicas tendrán un plazo de 180 días calendario para adecuar sus procesos internos, registrar sus sistemas y cumplir con la norma.
¿Por qué te importa?
Si usted realiza trámites en instituciones públicas dominicanas, tiene derecho a saber cuándo una decisión fue apoyada por inteligencia artificial y a pedir una revisión humana.
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