CONEP pide agilizar prórroga del Código Penal para empresas
El gremio empresarial pide al Congreso aprobar antes del 5 de noviembre un aplazamiento de dos años en la responsabilidad penal de las empresas.
En pocas palabras
- El CONEP pide aprobar antes del 5 de noviembre de 2026 la extensión de dos años.
- El proyecto fue aprobado por el Senado el 21 de octubre y aún necesita la Cámara de Diputados y la promulgación.
- El artículo 31 del Código Penal sería modificado para dar a las empresas un período de adaptación.
- El gremio pide tiempo para implementar programas de cumplimiento, control interno y canales de denuncia.
El Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) pidió al Congreso Nacional agilizar la aprobación de un proyecto de ley que extiende por dos años la entrada en vigencia de las disposiciones del nuevo Código Penal sobre responsabilidad penal de las empresas.
La organización empresarial expresó preocupación ante la proximidad de la fecha prevista. Las disposiciones estaban previstas para aplicarse el 5 de noviembre de 2026, y el gremio pidió completar el proceso legislativo antes de esa fecha.
La iniciativa fue presentada por el senador de La Altagracia, Rafael Barón Duluc Rijo, y fue declarada de urgencia y aprobada por el Senado el pasado 21 de octubre. Todavía debe ser aprobada por la Cámara de Diputados y promulgada por el Poder Ejecutivo.
En comunicaciones dirigidas al presidente del Senado, Ricardo de los Santos, y al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, el CONEP valoró la aprobación en la Cámara Alta. Según la entidad, la modificación del artículo 31 del Código Penal permitiría un período de adaptación razonable para que las empresas ajusten sus estructuras, políticas y procedimientos internos.
El gremio explicó que ese tiempo serviría para implementar programas de cumplimiento normativo, políticas de prevención, mecanismos de control interno, canales de denuncia y procedimientos de evaluación. Para la entidad, estas herramientas son fundamentales para identificar riesgos y prevenir irregularidades, y el proceso debe considerar el tamaño, la actividad, la estructura y el nivel de riesgo de cada empresa.
Otro argumento del CONEP es que la extensión permitiría avanzar en la capacitación de los operadores del sistema de justicia, lo que, según la organización, aportaría seguridad jurídica.
¿Por qué te importa?
Las empresas dominicanas podrían tener más tiempo para ajustar sus procesos a las nuevas exigencias penales. Si el plazo no se aprueba a tiempo, las disposiciones entrarían en vigor sin esa adaptación.